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El comercio exterior contra las cuerdas

Mientras el ministro de Economía viaja para tratar de conseguir dólares frescos, se suman sectores a la “administración” del comercio exterior. Las últimas decisiones que afectan el acceso al mercado para bienes de capital y fletes ponen en jaque el funcionamiento no solo el comercio exterior sino el funcionamiento de la economía. Y la deuda con el sector privado sigue subiendo. ¿Habrá desdoblamiento?

Lunes 29 de mayo de 2023, Mg. Yanina S. Lojo


Las reservas del Banco Central ya no resisten mucho análisis, los números hablan por sí mismos. Mientras que el ministro de economía viaja rumbo a Asia para tratar de conseguir dólares frescos para reforzar la situación, mientras espera la decisión del Fondo Monetario sobre las nuevas metas y los desembolsos.

El problema es que mientras tanto se siguen imponiendo restricciones para el acceso al mercado, bajo el argumento del “ordenamiento” de las operaciones de comercio exterior, sin medir el impacto que tendrán en la operatoria e incluso en la industria. Y esto hace que la deuda con los importadores sea cada vez mayor y nadie sabe quién se hará responsable de honrar los compromisos asumidos.

Ante la difícil situación, el gobierno sabe que el FMI pedirá algo a cambio durante el proceso de modificación de las metas, y una de las dudas es si finalmente la devaluación, en formato de desdoblamiento cambiario, se hará presente.


Las reservas, y el Fondo Monetario Internacional


El año pasado el Banco Central, gracias al acuerdo celebrado con el FMI, se pudo hacer unos USD 7.000 millones. Mientras que este año los pagos que deben hacerse como parte del acuerdo superan los desembolsos, exactamente unos USD 4.000 millones más. El pedido que se le esta realizando a la entidad es un adelanto de unos USD 10.000 millones – correspondientes al cuarto trimestre -, de los cuales el gobierno quiere poder disponer para intervenir en el mercado cambiario. Algo que el FMI no suele ver con buenos ojos, por el contrario, hace tiempo que viene pidiendo que se deje de intervenir, se ajuste el valor del peso que considera sobrevaluado, y se unifique el mercado. Como la decisión política es no devaluar, una de las ideas que se estaría barajando es la de ofrecer un desdoblamiento del mercado.


Desdoblamiento, una idea vieja que resurge


Cuando hablamos de una idea vieja, no nos estamos refiriendo a que es algo que ya se escuchó durante la gestión de Alberto Fernández, sino algo que ya se usó en otros momentos de la historia económica de nuestro país y falló.


Se piensa en el desdoblamiento como una manera de tratar de calmar la situación del dólar, en particular como una herramienta para descomprimir la situación de las importaciones. En su momento, el viceministro de economía pensaba que lo ideal era establecer un dólar para todas las operaciones con un tipo de cambio más alto, y liberando la disponibilidad de dólares en el mercado oficial para el comercio exterior.


La realidad es que la posibilidad de ir por esta idea sería contraria a lo que el FMI ha estado pidiendo en el último tiempo, que es la unificación. Pero tampoco aceptará una devaluación moderada, porque sabe lo que sucede con esas medidas: rápidamente son absorbidas por el mercado que las arbitra y las neutraliza.


¿Qué se podría ofrecer? Un tipo de cambio para las exportaciones y para algunas importaciones, y el resto de las operaciones tendrían un valor diferenciado. Sería una manera de garantizarle al organismo internacional que los dólares que envíe no serán usados de manera imprudente.


Claramente, la situación actual es insostenible. La política actual de “crawling peg” no puede darse el lujo de seguir aumentando la tasa de devaluación mensual, en un contexto de altas tasas y de una inflación que se acerca a los dos dígitos.


Por otro lado, la situación de las importaciones tanto de bienes como de los servicios se ha vuelto insostenible y va camino a una virtual parálisis, que tendrá un impacto sobre toda la economía.


Más “administración” de las operaciones


El miércoles se conoció la noticia que el gobierno había ya notificado a las empresas petroleras que no podrían continuar accediendo al mercado como hasta ahora, sino que deberían diferir el pago por noventa días. Y como bien adelantamos en el artículo de la semana pasada (Ver “Nuevas restricciones y pedidos de tipo de cambio diferenciado”) las empresas de este sector ya pusieron en duda la posibilidad de sostener la pauta de aumento acordada con el gobierno del 4% mensual. Era algo obvio de prever: si las firmas deberán endeudarse a un costo de al menos un 10% para poder cumplir con los compromisos asumidos ¿Cómo pueden mantener aumentos como hasta ahora si sus costos siguen subiendo?


Pero durante el fin de semana largo, trascendió que además del diferimiento las autorizaciones de importación del sector ya no serán aprobadas con la misma celeridad que hasta ahora. Y lo que preocupa es que se sumen más sectores a esta situación. Hay dos decisiones que se tomaron en las últimas semanas que han puesto a la industria y al comercio exterior contra las cuerdas.


Bienes de capital, aprobaciones sin giro


Como parte de la política del gobierno de “combatir” la escalada inflacionaria se decidió que se iban acelerar las aprobaciones de las SIRA de bienes de capital. Esto empezó a observarse, en la práctica. Pero con un inconveniente: debido a las modificaciones establecidas en las últimas semanas por el Banco Central, pagar estas operaciones es una epopeya.


Hasta que salió la Comunicación A 7771 y la Comunicación A 7772, aquellos que iban a importar un bien de capital y poseían una SIRA en estado salida, salvo que pertenecieran al sector energético, podían acceder al Mercado oficial para pagar hasta un 80% vista o sin registro aduanero. Sin embargo, desde el 12 de mayo para que esto pueda hacerse la SIRA que adquiera estado salida con posterioridad a la fecha antes mencionada en la columna de plazo inicial si o si debe figurar plazo cero. Caso contrario, deberá pagarse recién a la fecha que surja de la suma del plazo definitivo a la fecha de nacionalización. Y las SIRA están siendo aprobadas con plazo inicial 365 días.


Muchos importadores han notado que quizás a la mañana la SIRA tenía plazo inicial cero mientras que, por la tarde se había modificado a 365 días. Haciendo imposible que se pueda pagar en las condiciones antes mencionadas. El otro problema es que, si se quisiera buscar financiamiento en el exterior para acceder antes, este no puede ser menor al plazo inicial más quince días contados de la fecha estimada de arribo. En otras palabras, se obliga a las empresas a financiarse a plazos altísimos. Algo imposible para la gran mayoría de las PyMES argentinas.


La deuda con los importadores sigue creciendo


Cuando a principio de año hablábamos de un saldo negativo por el diferimiento de las obligaciones de los importadores que se encontraba en unos USD 10.000 millones, ya se calcula que el valor se encontraría por encima de los USD 12.000 millones, incluso hay quienes creen que está más cerca de los USD 14.000 millones.


Por ejemplo, en abril según se desprende de la información publicada por el BCRA se ubicaron en los USD 5.397 millones, un 10% menos que en abril de 2022. De lo abonado el mes pasado, el 87% se curso como pago diferido, mientras que el 9% bajo el concepto de pago anticipado y el 5% vista.


Asimismo, los dos grandes sectores que han podido acceder al dólar oficial para pagar sus operaciones fueron el automotriz por un 19% y el energético por un 17%.


La crisis de los fletes puede paralizar el comercio exterior


Las navieras y la mayoría de los agentes de transportes han enviado notificaciones a sus clientes de que no continuarán aceptando pagos de manera local. Y los pocos proveedores que por ahora lo continúan haciendo, en general, han informado que los pagos recibidos por transferencias bancarias serán imputados como pagos a cuenta. En otros casos, han indicado que procederán a realizar los cobros, pero al momento de poder acceder al mercado, en función del tipo de cambio que se les aplique realizarán el correspondiente ajuste.


A aquellos importadores que poseen cargas navegando, no saben cómo solucionar el problema porque tramitar una SIRASE para pagar un flete marítimo puede demorar dos meses en ser aprobada y quizás el buque llega en pocos días. Ante la imposibilidad de cancelar los gastos, no podrán retirar el BL y proceder con la nacionalización de la mercadería. Para aquellas firmas que están en esta situación la angustia es muy grande. Las demoras a la hora de hacerse de los bienes pueden provocar no sólo rupturas de stocks sino también paradas de planta por falta de insumos o repuestos para una maquinaria.


Desde el punto de vista portuario, no nos tenemos que olvidar que, si la mercadería llega a nuestro país, y no se puede retirar el documento de transporte, la misma quedará esperando lo cual generará un incremento en los costos por el almacenaje. Al mismo tiempo, si los buques tienen problemas para venir, entonces habrá menos frecuencia para poder sacar las cargas al exterior de nuestras empresas, y todos sabemos que en el comercio exterior el tiempo es vital, puede dejarte afuera de un negocio. Por otro lado, si los contenedores quedan parados en puerto esperando que la mercadería que llegó pueda nacionalizarse habrá menos disponibilidad para que aquellos bienes que poseen mayor valor agregado puedan salir al mundo y cumplir con las obligaciones asumidas.


El otro problema lo tienen las firmas que estaban gestionando una compra, y que deben ahora solicitarle al proveedor que revea la cotización realizada e incluya el flete lo que implica que, si después de meses se logró la aprobación de la SIRA, es probable que ésta ya no te sirva porque la información no coincide y deba gestionarse una nueva, y esperar nuevamente que sea aprobada.


El gobierno justifica la decisión en haber detectado operaciones sospechosas, donde se habría sobrefacturado los servicios como un mecanismo para sacar dólares del país. De ser así, la lógica hubiera sido ir contra quienes lo realizaron y no afectar a todos. Poner en riesgo el futuro no sólo de las empresas que prestan este servicio sino a muchas PyMES, desde las que brindan servicios y apoyo a la actividad como a las importadoras o exportadoras de nuestro país. Una firma importadora puede fundirse por una medida como la impuesta. Si se demora dos o tres meses en nacionalizar, y después a una empresa se le otorga plazo de 60 o 90 días, el proveedor internacional va a tener que esperar más de seis meses en cobrar. ¿Cómo se sigue trabajando? ¿Cómo se justifican estas situaciones ante el proveedor en el exterior? ¿Cómo se le explica a un cliente que no se podrá cumplir con lo pautado originalmente? ¿Cómo hace una empresa que vendió CIF y que incluso cobro un anticipo para explicarle a su comprador en el exterior que no podrá cumplir con los plazos establecidos?


Para exportar necesitamos producir. Para fabricar necesitamos maquinarias, repuestos e insumos. Muchos llegan desde el exterior por lo que, es vital que las importaciones fluyan. Para poder enviar nuestros productos necesitamos que los buques arriben a nuestros puertos, y estos vienen a traer cargas. ¿Hasta cuándo se podrá resistir en un contexto donde nada parece que vaya a mejorar en el corto plazo? ¿Hasta cuándo se podrá doblar sin quebrarse? ¿Qué pasa si los fondos del FMI no llegan? ¿Qué pasará si China no amplia el SWAP por USD 8.000 millones como pretende el ministerio de Economía? ¿Qué pasará cuando las cargas se empiecen a acumular en el puerto? El comercio exterior está contra las cuerdas, ya no hay mucho más, el knock out está cerca para muchos.

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