Mercosur–Unión Europea: el acuerdo avanza en Sudamérica mientras Europa busca una salida política y legal

Brasil y Argentina activan el trámite legislativo del tratado comercial, pero la Unión Europea enfrenta un freno institucional. La clave pasa por si Bruselas logra ponerlo en marcha de manera provisional sin esperar al Tribunal de Justicia y qué impacto real tendría para la Argentina.

Miércoles 4 de febrero de 2026 - Mg. Yanina S. Lojo

Después de más de dos décadas de negociación, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entró en una fase decisiva, aunque lejos de estar despejada. Mientras Sudamérica acelera los tiempos políticos, Europa se debate entre sus propios límites jurídicos e institucionales.

En los últimos días se produjo un movimiento coordinado que no es casual: Brasil y Argentina activaron el tratamiento parlamentario del acuerdo, enviando una señal clara de voluntad política. Del otro lado del Atlántico, en cambio, el proceso quedó condicionado por la decisión del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE, un paso que podría demorar su entrada en vigor por al menos un año.

Brasil y Argentina: señales políticas en simultáneo

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva envió formalmente el acuerdo al Congreso Nacional para iniciar el proceso de ratificación. No se trata de un gesto menor: Brasil es el principal socio del Mercosur y su avance legislativo funciona como ancla política para el resto del bloque.

En paralelo, la Argentina incluyó el tratamiento del acuerdo Mercosur–UE en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. La decisión marca una prioridad estratégica en un contexto donde el país necesita ampliar mercados, diversificar exportaciones y recuperar previsibilidad de largo plazo. El mensaje es claro: Buenos Aires no quiere quedar rezagada si el acuerdo finalmente entra en vigor.

Este doble movimiento refuerza una idea central: para el Mercosur, el acuerdo ya no es una promesa abstracta, sino una herramienta concreta de inserción internacional.

El freno europeo: cuando la política choca con el derecho

La principal incertidumbre hoy no está en Sudamérica, sino en Europa. El Parlamento Europeo resolvió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si su estructura jurídica es compatible con los tratados comunitarios y con el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros.

En términos prácticos, esto congela el proceso de ratificación parlamentaria hasta que haya una opinión del Tribunal, un trámite que puede extenderse entre 18 y 24 meses. El dato político es relevante: el acuerdo cuenta con respaldo de varios gobiernos europeos, pero enfrenta resistencias internas vinculadas a cuestiones ambientales, agrícolas y de procedimiento institucional.

La vía alternativa: aplicación provisional sin esperar al Tribunal

Frente a este escenario, en Bruselas empieza a tomar fuerza una opción que ya se utilizó en otros acuerdos comerciales: la aplicación provisional.

La Comisión Europea podría proponer al Consejo de la UE poner en marcha el acuerdo —o al menos su pilar estrictamente comercial— sin esperar el pronunciamiento del Tribunal. Esta modalidad permitiría reducir aranceles y habilitar cuotas de comercio mientras se resuelve el debate legal de fondo.

Existe una herramienta que no es excepcional ni improvisada, sino que está expresamente prevista en el derecho comunitario: la aplicación provisional. El sustento legal se encuentra en el artículo 218.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habilita al Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión Europea, a decidir la aplicación provisional de un acuerdo internacional antes de que concluya el proceso completo de ratificación.

Este mecanismo permite poner en marcha aquellas disposiciones que son competencia exclusiva de la Unión —principalmente la política comercial común— sin necesidad de esperar la aprobación de todos los parlamentos nacionales ni un pronunciamiento judicial definitivo.

Lejos de ser una novedad, la UE ya recurrió a este esquema en acuerdos clave como el CETA con Canadá, que se aplica provisionalmente desde 2017 pese a no haber sido ratificado por todos los Estados miembros, lo que permitió eliminar la mayoría de los aranceles y activar cuotas comerciales mientras seguía abierto el debate institucional.

También fue el camino elegido en los acuerdos con Japón, Vietnam y Singapur, donde Bruselas separó los capítulos estrictamente comerciales —aplicados de manera rápida— de los compromisos en materia de inversiones o disputas, sujetos a ratificaciones nacionales más complejas.

En el caso del Mercosur, la Comisión podría avanzar en una lógica similar, proponiendo la aplicación provisional de los capítulos arancelarios, de acceso a mercados y reglas comerciales, dejando en suspenso los aspectos más sensibles desde el punto de vista político o jurídico.

El costo de esta decisión no es menor: supone tensiones con el Parlamento Europeo y críticas por avanzar con la revisión judicial pendiente. Sin embargo, también expone una realidad cada vez más evidente para Europa: prolongar indefinidamente la entrada en vigor del acuerdo erosiona su credibilidad como actor comercial global en un contexto internacional marcado por la competencia estratégica, la fragmentación de mercados y la necesidad de señales claras hacia sus socios.

Impacto para la Argentina: oportunidades y exigencias

Para la Argentina, incluso una implementación provisional tendría efectos concretos. El acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores europeos abre oportunidades para sectores agroindustriales, economías regionales y algunas manufacturas.

Al mismo tiempo, el acuerdo no es neutro: exige adaptación productiva, cumplimiento de estándares sanitarios y ambientales más estrictos y una estrategia clara para los sectores que enfrentarán mayor competencia externa. El impacto no será automático ni homogéneo, pero sí estructural.

La clave está en entender que el acuerdo Mercosur–UE no es solo un tema comercial. Es una señal de inserción internacional, de previsibilidad normativa y de posicionamiento geopolítico. Mientras Sudamérica acelera, Europa decide si acompaña ese ritmo o queda atrapada en sus propias dudas institucionales.