Europa entre la apertura comercial y el proteccionismo verde

Mientras Alemania presiona para que la Unión Europea active de manera provisional el acuerdo con el Mercosur, Bruselas avanza en regulaciones ambientales que podrían cerrar el mercado europeo al biodiésel argentino y poner en riesgo exportaciones por unos US$350 millones anuales.

Martes 3 de febrero de 2026 - Mg.Yanina S. Lojo

El canciller alemán Friedrich Merz fue explícito: la Unión Europea debería aplicar de forma provisional el acuerdo comercial con el Mercosur y evitar que objeciones políticas o judiciales sigan postergando un tratado negociado durante más de dos décadas. Desde Berlín sostienen que el acuerdo cuenta con legitimidad democrática suficiente y que las demoras sólo erosionan la credibilidad comercial del bloque.

La aplicación provisional permitiría que el tratado comience a regir antes de completar todas las ratificaciones nacionales, una herramienta prevista en el propio derecho comunitario y utilizada en otros acuerdos. Para Alemania, se trata de una señal política y económica clave en un contexto global cada vez más competitivo, donde la UE busca no quedar rezagada frente a Estados Unidos y China.

Para el Mercosur —y especialmente para la Argentina— la puesta en marcha del acuerdo significaría previsibilidad, ampliación de mercados y una señal clara hacia los inversores. Sin embargo, ese avance convive con resistencias internas en Europa, particularmente vinculadas a sectores agrícolas y ambientales.

La amenaza sobre el biodiésel argentino

En paralelo a este debate, la Comisión Europea avanza con una regulación que podría tener un impacto directo y severo sobre las exportaciones argentinas de biodiésel. Un documento técnico reclasifica a la soja como cultivo de “alto riesgo” de cambio indirecto en el uso del suelo, lo que implicaría excluir al biodiésel de soja del mercado europeo.

El dato no es menor: la Unión Europea es prácticamente el único destino del biodiésel argentino. De concretarse esta medida, estarían en juego exportaciones por alrededor de US$350 millones anuales, además de la continuidad de plantas industriales, empleos y toda una cadena de valor asociada al complejo sojero-energético.

Desde el sector empresario se advierte que, detrás del argumento ambiental, la regulación favorece de hecho a la producción europea de aceite de colza y funciona como una barrera paraarancelaria encubierta. El riesgo es claro: que la agenda verde se transforme en una herramienta de protección comercial.

Apertura comercial y regulaciones: una convivencia incómoda

La simultaneidad de ambos procesos deja al descubierto una tensión estructural dentro de la Unión Europea. Por un lado, el discurso de apertura, integración y reglas claras que encarna el acuerdo con el Mercosur. Por otro, un entramado regulatorio cada vez más exigente que puede neutralizar en la práctica los beneficios de ese mismo acuerdo.

Para países exportadores como la Argentina, este doble mensaje introduce un factor de incertidumbre clave. La discusión ya no pasa solo por aranceles, sino por estándares ambientales, criterios técnicos y decisiones políticas que pueden redefinir mercados enteros sin necesidad de modificar un solo punto del acuerdo comercial.

Una señal para la Argentina y para la región

Lo que está en juego no es únicamente el biodiésel ni la velocidad de implementación del acuerdo UE-Mercosur. El verdadero debate es si Europa logrará compatibilizar su agenda ambiental con compromisos comerciales creíbles y estables.

Para la Argentina, el desafío es doble: defender sus exportaciones en foros técnicos y diplomáticos, y al mismo tiempo leer correctamente el nuevo mapa del comercio internacional, donde las reglas ambientales ya no son un capítulo accesorio, sino un factor central de competitividad.

El desenlace de estas discusiones marcará no solo el futuro del vínculo birregional, sino también el margen de maniobra de los países en desarrollo frente a un comercio global cada vez más regulado y políticamente condicionado.