La justicia norteamericana pone en jaque la política arancelaria de Trump

El pasado miércoles 28 de mayo la justicia de Estados Unidos dictaminó que son inválidos los aranceles impuesto el famoso "Día de la Liberación". ¿Esto significa que no se aplicarán? ¿Qué hará la Administración Trump? ¿Cómo continuarán las negociaciones?

Jueves 29 de mayo de 2025, Mg. Yanina S. Lojo

La jornada de ayer no será olvidada fácilmente por quienes operan en comercio exterior ni por la Administración Trump. Porque la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos (Court of International Trade, CIT) emitió un fallo histórico que podría marcar un antes y un después en la política comercial del país.

¿Qué determinó el tribunal?

En una decisión unánime, el tribunal determinó que el expresidente Donald Trump violó la ley al imponer los aranceles denominados “Tarifas del Día de la Liberación”, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Con este fallo judicial, se abre una nueva etapa de debate institucional que podría llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.

¿Por qué intervino este tribunal y quién presentó la demanda?

La primer pregunta se puede responder rápidamente la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos es el tribunal federal especializado en resolver disputas sobre leyes aduaneras, arancelarias y de comercio exterior. Es quien debe evaluar la legalidad de medidas impuestas por el Ejecutivo que afectan la importación de bienes al país.

La intervención de la Corte fue necesaria porque el caso plantea una controversia directa sobre la legalidad de aranceles impuestos por el Poder Ejecutivo, en este caso por el expresidente Donald Trump, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La demanda fue presentada por un conjunto de cinco pequeñas empresas estadounidenses. El caso fue liderado por la firma V.O.S. Selections, Inc., una importadora de vinos, y otras compañías que dependen de insumos o productos importados para operar.

Además, doce estados norteamericanos, encabezados por el fiscal general de Oregón, se unieron al litigio apoyando la demanda. Entre los estados involucrados también se encontraron California, Nueva York y Massachusetts.

¿Qué se argumentó?

Los demandante explicaron que la decisión no era válida por varios motivos, y además que tenía efectos negativos para la economía y para los consumidores:

• No existía una "emergencia nacional" real, como exige la ley para que el presidente pueda actuar sin la aprobación del Congreso.

• Las tarifas fueron impuestas de manera unilateral, afectando importaciones de forma arbitraria y sin el debido proceso.

• El presidente violó la separación de poderes, atribuyéndose facultades exclusivas del Congreso en materia de comercio exterior.

• Al tener un impacto en los costos, generaba directamente un efecto en los precios que generaba consecuencias negativas sobre los consumidores, comerciantes y trabajadores locales.

¿Qué dijo el fallo?

La Corte de Comercio Internacional concluyó que la IEEPA fue aplicada de forma inconstitucional. Esta ley, sancionada en 1977, autoriza al presidente a tomar medidas económicas frente a “amenazas inusuales y extraordinarias” provenientes del extranjero, pero el tribunal consideró que un déficit comercial persistente —el motivo invocado por Trump— no califica como tal.

Además, el tribunal sostuvo que Trump usurpó funciones del Congreso, ya que las decisiones sobre aranceles corresponden al poder legislativo, conforme lo establece la Constitución. Por ende, el decreto presidencial fue declarado ilegal.

¿Cuándo podría fallar la Corte Suprema?

Aunque la administración Trump ya anunció su apelación al fallo, el proceso ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos puede tomar entre 6 meses y 18 meses, dependiendo de diversos factores:

• Si la Corte decide aceptar el caso (lo cual no es automático).

• La agenda judicial del tribunal, que ya maneja múltiples causas sensibles.

• La complejidad del caso y la necesidad de deliberación entre los jueces.

Por lo tanto, es probable que una decisión definitiva no llegue antes de mediados o fines de 2026.

Mientras tanto, la legalidad de los aranceles se encuentra en una especie de limbo, lo que puede generar incertidumbre tanto para importadores como para socios comerciales de Estados Unidos.

¿Qué puede hacer la Administración Trump?

Según un informe de Goldman Sachs, aún dispone hay herramientas legales que podrían utilizar para sostener la política. Por ejemplo:

• Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974: Permite al presidente imponer aranceles de hasta un 15% por un período de 150 días sin necesidad de aprobación del Congreso.

• Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974: Facilita la imposición de aranceles tras una investigación sobre prácticas comerciales desleales de otros países, sin límites específicos en cuanto a duración o porcentaje.

• Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930: Autoriza aranceles de hasta un 50% en respuesta a prácticas discriminatorias contra productos estadounidenses, aunque su uso es menos común y más controvertido.

Impacto en las negociaciones

Uno de los puntos más sensibles del fallo es su efecto sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se han reactivado recientemente con vistas a establecer un acuerdo de cooperación tecnológica y comercio digital.

Si la Corte Suprema confirma el fallo, la UE podría considerar que hay una oportunidad de negociar con una posición más equilibrada y con mayor previsibilidad. Muchas de las tarifas impuestas por Trump afectan a los productos tecnológicos europeos, como equipos médicos, farmacéuticos y maquinaria industrial. El fallo podría abrir la negociación y generar una mejor posición para los Estados Unidos.

¿Qué pasará?

El fallo tiene un peso muy significativo dado que reafirma que aún existe en Estados Unidos cierto equilibrio de poderes, pero también de una señal al mundo sobre cómo podría reconfigurar la política comercial del país en los próximos años.

Si la Corte Suprema ratifica la decisión, los poderes presidenciales quedarían delimitados claramente en materia de comercio, y el Congreso recuperaría un rol central. Esto daría mayor previsibilidad a los mercados y podría facilitar nuevos tratados basados en consenso.

Si, por el contrario, la Corte Suprema revoca el fallo, se abriría la puerta a una política comercial más volátil y personalizada, lo que implicaría riesgos para las relaciones bilaterales y el multilateralismo.