Golpe a las SGR pone en riesgo financiamiento a las PyME

Tras la aprobación en el Senado de los proyectos de Ley vinculados con la jubilación voces del sector PyME elevaron su voz en rechazo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con las Sociedades de Garantía Recíproca? ¿Por qué podría afectar al financiamiento de las PyME?

Lunes 14 de julio de 2025, Mg. Yanina S. Lojo

Las principales Bolsas de Comercio del país, junto con otras entidades, rechazaron de forma contundente la reforma jubilatoria aprobada por el Senado. ¿El motivo? La eliminación de beneficios fiscales para quienes aportan a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un sistema que sostiene el financiamiento de más de 100.000 PyMEs en todo el país. Además, dan soporte a más de 500.000 empleos formales y movilizan más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo, según los datos que dieron las mismas entidades.

¿Qué es una SGR y por qué es vital para las pequeñas empresas?

Las SGR son entidades que avalan a las PyMEs para que puedan acceder al crédito. No prestan dinero, pero respaldan a las empresas frente a bancos, proveedores o inversores, haciéndolas "más confiables" ante quienes evalúan riesgos. Para ello, cuentan con aportes de grandes compañías –los llamados “socios protectores”– que reciben beneficios impositivos a cambio de poner su capital a disposición del sistema. Esa deducción es la que ahora fue eliminada por el Congreso en el marco de la reforma jubilatoria.

Así, una SGR actúa como garante: si la PyME no paga, la SGR responde. Gracias a ese aval, la pequeña empresa puede:

• Acceder a préstamos bancarios con tasas más bajas.

• Financiarse en el mercado de capitales (por ejemplo, con cheques de pago diferido o pagarés bursátiles).

• Conseguir plazos más largos con proveedores.

  
  

Ejemplos reales: cuando el aval hace la diferencia

Entendamos cómo opera un SGR con ejemplos. Un caso sería el de una PyME dedicada a la fabricación de piezas para maquinaria agrícola necesitaba renovar su torno CNC. Sin garantía real, el banco le exigía tasas del 150 % anual. Con el aval de una SGR, podría reducir el costo por debajo del 100% en 48 cuotas, lo que le permitiría modernizarse y tomar dos nuevos empleados.

Otro caso, una empresa exportadora de frutas de Tucumán necesita un adelantó de capital para cumplir con un pedido internacional. Avalada por una SGR, emite un cheque de pago diferido en el mercado de capitales, y consigue financiamiento en pesos a tasa más baja que el dólar oficial. Sin ese aval, pero podía concretar la operación internacional.

Un sistema con impacto real

Según el escrito presentado por las entidades "el supuesto ‘costo fiscal’ que se intenta justificar es mínimo —apenas el 0,02% del PBI— frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera. El crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo se observa en aquellos países contra los cuales competimos. Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal. La decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo. Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”

Las estadísticas son claras: 1 de cada 3 créditos al sector PyME pasa por una SGR. Solo en 2023, el sistema movilizó más de 3,8 billones de pesos en financiamiento. El Estado invierte poco (menos del 0,02 % del PBI en incentivos fiscales), pero el retorno es enorme: mayor actividad, más IVA, más aportes y más empleo formal.

Por eso, las Bolsas alertan que este cambio legislativo es “un golpe a la columna vertebral del desarrollo productivo argentino”. Y lo peor: se hizo sin debate, sin estudios de impacto, y en el marco de una reforma que no tiene relación directa con el sistema SGR.

¿Qué puede pasar ahora?

El presidente Milei anunció que vetará parcialmente la ley, en particular la cláusula que elimina los beneficios a las SGR. Desde el sector empresario, las PyMEs y las cámaras productivas, el mensaje es unánime: sin incentivos, los socios protectores se van, el crédito desaparece y el costo lo paga el trabajo.

El problema: el Congreso puede rechazar el veto presidencial lo cual se traduciría en que la Ley quede en firme. Si hablamos de costo argentino, la dificultad de acceder al crédito tiene una gran incidencia. Por ello, es necesario que se mantengan este tipo de herramientas para ayudar a las PyME - que son el corazón productivo del país -, a continuar funcionando. No es una cuestión de ir en contra de los jubilados, por el contrario, nadie duda que se merezcan una jubilación justa. Pero la manera en que se financie no puede ser a costa de aquellos que mantienen en funcionamiento el sistema previsional.