La Aduana pone el foco en los nodos críticos de la cadena logística

No todos los cambios normativos generan el mismo impacto, pero algunos permiten anticipar hacia dónde se mueve la política aduanera. La modificación del Programa Operador Económico Autorizado (OEA) para depósitos fiscales y terminales marítimas revela un creciente interés por la seguridad logística y el control de los puntos más sensibles del comercio exterior.

Martes 2 de junio de 2026 - Mg. Yanina S. Lojo

La Resolución General ARCA 5853/2026 introdujo una modificación específica dentro del Programa Operador Económico Autorizado (OEA), uno de los principales instrumentos de facilitación y seguridad del comercio internacional impulsados por la Organización Mundial de Aduanas. A simple vista, el cambio podría parecer menor. No altera los beneficios del programa, no modifica los requisitos generales de adhesión y tampoco impacta sobre importadores, exportadores, despachantes de aduana o agentes de transporte.

Sin embargo, la decisión deja entrever una señal más profunda: la Aduana comenzó a reforzar los controles sobre aquellos actores que administran infraestructura considerada crítica dentro de la cadena logística internacional. La medida alcanza exclusivamente a los permisionarios de depósitos fiscales y a las terminales de carga marítima, dos eslabones donde confluyen grandes volúmenes de mercaderías y que cumplen un rol central en la trazabilidad y seguridad de las operaciones de comercio exterior.

¿Qué cambia para depósitos fiscales y terminales marítimas?

La norma modifica el esquema de evaluación de riesgo aduanero exigido para acceder al Programa OEA. A partir de ahora, la Subdirección General de Control Aduanero deberá elaborar un informe específico para estas categorías de operadores, incorporando dos elementos que hasta ahora no formaban parte de manera expresa de la evaluación:

• El análisis del funcionamiento de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

• La revisión de antecedentes vinculados con narcotráfico y el Registro de Infractores de directores, administradores y socios.

La evaluación continuará teniendo carácter confidencial y reservado, pero incorpora una dimensión de control que excede los tradicionales parámetros de cumplimiento aduanero. En otras palabras, ya no se analizará únicamente cómo opera la empresa. También cobrará relevancia quiénes la administran y cuáles son las condiciones de seguridad física de las instalaciones donde se desarrolla la actividad.

El nuevo concepto de riesgo

Quizás el aspecto más interesante de la resolución sea la redefinición implícita del concepto de riesgo aduanero. Históricamente, los sistemas de análisis de riesgo estuvieron enfocados principalmente en variables operativas, fiscales y documentales. El objetivo era detectar inconsistencias en declaraciones, incumplimientos normativos o conductas que pudieran afectar la percepción de tributos o el control del comercio exterior.

La nueva resolución incorpora otra dimensión: la seguridad de la infraestructura logística y la integridad de quienes la administran. Esto refleja una evolución que ya se observa en numerosos programas de operadores confiables alrededor del mundo. La confiabilidad de una empresa deja de evaluarse exclusivamente por su historial de cumplimiento y pasa a incluir aspectos vinculados con seguridad patrimonial, gobernanza corporativa y prevención de delitos complejos.

¿Por qué la aduana mira a estos operadores?

La selección de depósitos fiscales y terminales marítimas no parece casual. Se trata de instalaciones donde se concentran cargas nacionales e internacionales, donde circulan contenedores, se realizan consolidaciones y desconsolidaciones de mercadería y donde se desarrollan múltiples interacciones entre distintos operadores de la cadena logística.

Desde la perspectiva de gestión de riesgos, cualquier vulnerabilidad en estos puntos puede generar consecuencias significativamente mayores que las que podrían producirse en otros segmentos de la operatoria. Por esa razón, los organismos aduaneros de numerosos países han comenzado a fortalecer los estándares de seguridad aplicables a puertos, terminales y centros logísticos. La incorporación del control sobre sistemas de videovigilancia y la evaluación de antecedentes de quienes ejercen funciones de dirección se inscribe precisamente dentro de esa tendencia.

Una respuesta a desafíos que trascienden lo aduanero

El comercio internacional enfrenta hoy desafíos muy distintos a los de hace una década. La preocupación ya no pasa únicamente por la evasión tributaria o las infracciones aduaneras tradicionales. Los organismos de control también deben enfrentar riesgos asociados al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la utilización de estructuras logísticas para actividades ilícitas.

En este contexto, los programas de operadores confiables comenzaron a transformarse en herramientas de gestión integral de riesgos, donde la seguridad física y la trazabilidad adquieren una relevancia similar a la del cumplimiento normativo. La decisión adoptada por ARCA parece alinearse con esa visión.

Una señal hacia el futuro

Aunque la modificación afecta únicamente a depósitos fiscales y terminales marítimas, el mensaje que transmite va más allá de estos operadores. La resolución muestra que la Aduana está ampliando gradualmente los criterios utilizados para determinar quién puede ser considerado un operador confiable dentro de la cadena logística.

Cumplir con las obligaciones aduaneras seguirá siendo indispensable, pero cada vez será más importante demostrar estándares robustos de seguridad, control interno y transparencia corporativa. Por eso, más que una modificación puntual del Programa OEA, la medida puede interpretarse como un nuevo paso en la construcción de un esquema donde la facilitación del comercio y la seguridad logística avanzan de manera conjunta.