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Importación de ropa usada en Argentina: nuevos requisitos sanitarios y controles previos desde noviembre de 2026

hace 7 días
5 min de lectura

La Resolución 461/2026 establece un procedimiento previo a la importación de ropa usada, incorpora exigencias de certificación sanitaria y fija consecuencias ante incumplimientos. La medida entrará en vigencia el 12 de noviembre, aunque su implementación aduanera todavía depende de una reglamentación complementaria de ARCA.

Miércoles 11 de noviembre de 2026 - Mg. Yanina S. Lojo


La importación de ropa usada en Argentina contará con un nuevo marco de requisitos técnicos y administrativos. A través de la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa estableció un procedimiento previo para las operaciones de importación para consumo de mercaderías clasificadas en las posiciones arancelarias NCM 6309.00.10 y 6309.00.90.


La medida alcanza a prendas usadas presentadas a granel, en fardos, sacos o acondicionamientos similares, e introduce un esquema de certificación destinado a acreditar condiciones de higiene, desinfección y seguridad sanitaria antes del ingreso de la mercadería al territorio nacional. El cambio central es que cada operación deberá contar con una tramitación previa al embarque y documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos.


De las restricciones comerciales a un esquema de control sanitario


La regulación de la importación de ropa usada tiene antecedentes que se remontan a 1991, cuando comenzaron a establecerse restricciones específicas para determinados productos textiles usados. Posteriormente, distintas disposiciones mantuvieron limitaciones a estas operaciones, entre ellas el Decreto 2112/2010 y el Decreto 333/2017, cuya vigencia se extendía hasta mayo de 2022.


La nueva resolución adopta un enfoque centrado en la seguridad sanitaria de las mercaderías importadas. En sus fundamentos, la autoridad menciona informes técnicos del Ministerio de Salud sobre los riesgos asociados al ingreso de textiles usados sin tratamientos adecuados para eliminar posibles vectores de transmisión de enfermedades. También hace referencia a un análisis comparativo de regulaciones aplicadas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea. En este contexto, la disposición establece requisitos verificables de tratamiento y certificación, con fundamento en la protección de la salud pública, el ambiente y la seguridad de los consumidores.


¿Qué deberán hacer los importadores?


El procedimiento establecido en el Anexo I dispone que las personas humanas o jurídicas interesadas en importar estas mercaderías deberán presentar una solicitud mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El trámite, denominado “Solicitud para la Importación de Ropa Usada”, deberá realizarse por cada operación y antes del envío de la mercadería.


La presentación deberá incluir una declaración jurada con los datos del importador, la procedencia y el destino de los productos, la fecha estimada de embarque y la documentación técnica correspondiente. Uno de los requisitos más relevantes será contar con un certificado emitido por un Organismo de Certificación de Producto acreditado bajo la norma internacional ISO/IEC 17065, con alcance en la materia.


Además, dicha certificación deberá contar con la validación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA), cuya constancia deberá adjuntarse a la solicitud. El importador también deberá conservar durante 24 meses la documentación respaldatoria de los tratamientos aplicados a la mercadería.


En cuanto a los plazos administrativos, la normativa contempla que, si transcurren diez días hábiles desde la presentación completa sin una resolución expresa, el solicitante podrá realizar la operación. Sin embargo, cuando la autoridad formule observaciones o solicite información adicional, los plazos quedarán suspendidos hasta que se complete la respuesta correspondiente. Por otra parte, el despacho a plaza deberá efectivizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la notificación del cumplimiento de los requisitos.


Los tratamientos sanitarios que deberán acreditarse


El Anexo II establece condiciones específicas para garantizar que las prendas importadas hayan sido sometidas a procedimientos adecuados de higiene y desinfección.

Entre las principales exigencias se encuentran:

  • Lavado: temperatura superior a 71 °C durante más de 25 minutos, computados desde que toda la carga alcanza la temperatura requerida.

  • Desinsectación y acaricidación: tratamiento de amplio espectro para prevenir la presencia de chinches, ácaros y otras plagas.

  • Control de pH: las prendas deberán presentar valores comprendidos entre 5,5 y 7.

  • Desinfección química: para determinados textiles delicados se contemplan sustancias con registros reconocidos por organismos de vigilancia sanitaria.

  • Secado: temperatura superior a 60 °C o métodos alternativos, como radiación ultravioleta, cuando las características de las prendas no permitan utilizar calor.

  • Empaquetado: cierre hermético inmediatamente después del tratamiento para evitar contaminación o proliferación de hongos durante el transporte.

  • Rotulado: identificación del tipo de prendas y del público destinatario, diferenciando productos para niños, niñas y adolescentes de aquellos destinados a adultos.


Asimismo, la resolución excluye expresamente la importación de ropa interior, calzado usado y textiles procedentes de establecimientos sanitarios, hospitalarios o veterinarios, así como de actividades que impliquen contacto con determinados fluidos humanos o animales. Estas condiciones deberán quedar respaldadas en el certificado correspondiente.


Incumplimientos: reembarque e inhabilitación


La nueva normativa también establece consecuencias para las operaciones que no cumplan con las exigencias previstas. Cuando al arribo de la mercadería se detecten inconsistencias documentales o físicas respecto de los requisitos establecidos, el importador deberá proceder al reembarque a origen dentro de un plazo máximo de 30 días corridos.


Los costos asociados estarán a cargo del importador, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, sanitarias, aduaneras o judiciales que pudieran corresponder. La resolución incorpora, además, una consecuencia para los casos de reiteración: el importador quedará impedido de iniciar nuevos trámites bajo este procedimiento durante 36 meses, contados desde la notificación correspondiente. Esto introduce un riesgo operativo y económico que deberá considerarse especialmente al momento de contratar proveedores y organizar embarques internacionales.


La implementación aduanera todavía requiere una norma de ARCA


Uno de los aspectos centrales de la disposición es la integración del procedimiento con los sistemas de control aduanero. El artículo 6 establece que la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo comunicará el cumplimiento de los requisitos a la Dirección General de Aduanas mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).


La información será transmitida a través del Servicio de Recepción de Licencias, Permisos, Certificados y Otros Documentos (LPCO), con validación automática en el Sistema Informático MALVINA (SIM).


No obstante, la propia resolución dispone que este mecanismo comenzará a operar cuando entre en vigencia la norma complementaria que dicte ARCA.


Por lo tanto, corresponde distinguir entre la entrada en vigencia general de la Resolución 461/2026, prevista para el 12 de noviembre, y la implementación específica de la validación electrónica aduanera. Esta diferencia resulta relevante para los operadores, ya que será necesario conocer cómo se instrumentará el control documental durante la transición.


Una nueva exigencia para planificar las importaciones


La Resolución 461/2026 incorpora un procedimiento de control previo que modifica las condiciones que deberán considerar quienes proyecten importar ropa usada a la Argentina. Su aplicación exige prestar atención no solamente a la clasificación arancelaria y a la documentación aduanera, sino también a la trazabilidad de los tratamientos sanitarios realizados antes del embarque.


El objetivo declarado de proteger la salud pública deberá articularse con procedimientos claros, criterios de certificación verificables y mecanismos administrativos que permitan cumplir las exigencias sin generar incertidumbre innecesaria.


El desafío de implementación será garantizar controles sanitarios efectivos y, al mismo tiempo, ofrecer reglas claras y previsibles para las operaciones de comercio exterior. La reglamentación complementaria de ARCA y las aclaraciones que eventualmente emita la autoridad de aplicación serán determinantes para conocer el funcionamiento integral del nuevo esquema.


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