RIMI: el régimen con el que el Gobierno busca ampliar el mapa de inversiones

Mientras buena parte de la discusión económica sigue concentrada en el RIGI y los megaproyectos de miles de millones de dólares, el Gobierno empezó a mover otra pieza bastante menos visible, pero potencialmente mucho más transversal: el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Martes 19 de mayo de 2026 - Mg. Yanina S. Lojo

La nueva reglamentación publicada hoy empieza a mostrar cómo funcionará en la práctica un esquema pensado para PyMEs, empresas medianas y sectores productivos que muchas veces quedaban afuera de los grandes regímenes de promoción. Y aunque todavía faltan definiciones algunas, el mensaje de fondo parece bastante claro: intentar ampliar la base de inversiones en una economía que necesita recuperar capacidad productiva en el sector más pequeño de la industria pero no menos importante.

El escalón intermedio entre las PyMEs y los megaproyectos

El RIMI fue creado por la Ley 27.802 y ahora terminó de tomar forma operativa con la Resolución General Conjunta 5849/2026. En los hechos, funciona como una especie de “escalón intermedio” entre el universo PyME tradicional y los grandes proyectos alcanzados por el RIGI.

Porque uno de los problemas que empezó a aparecer en los últimos meses fue justamente ese: había empresas que querían invertir, ampliar capacidad, incorporar tecnología o modernizar procesos, pero cuyos proyectos no tenían la escala suficiente para entrar en los grandes esquemas promocionales. Y ahí es donde el Gobierno parece haber detectado un vacío.

No todas las inversiones que necesita Argentina son plantas de GNL o megaproyectos mineros. También existe un enorme universo de inversiones medianas vinculadas al agro, la industria, la energía y las economías regionales que pueden tener impacto real sobre empleo, productividad y exportaciones. Y el RIMI hace una lectura adecuada de esta situación, aunque para algunos actores claves del sector es insuficiente.

Todo quedará concentrado en una plataforma digital

La reglamentación establece que toda la operatoria del régimen pasará por el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital administrada por ARCA. Ahí deberán registrarse las inversiones, seleccionarse los beneficios y cargarse toda la documentación respaldatoria.

No habrá expedientes físicos ni trámites presenciales.

Es otro paso dentro de una lógica que el Gobierno viene profundizando hace tiempo: centralizar controles, digitalizar procedimientos y reducir al mínimo la intervención burocrática tradicional. Aunque, claro, una cosa es simplificar procesos y otra muy distinta es que el sistema realmente funcione con agilidad cuando empiecen a multiplicarse las presentaciones. Ese probablemente sea uno de los verdaderos test del régimen.

Agro y energía aparecen como los sectores más beneficiados

Uno de los puntos más interesantes de la reglamentación aparece en las inversiones exceptuadas de montos mínimos. La norma original mencionaba algunos casos como: sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo, y bienes semovientes. Y eso no es menor. Porque automáticamente pone en el centro a sectores donde muchas inversiones productivas son relevantes económicamente, pero no necesariamente gigantes en términos de escala. El agro aparece como uno de los principales beneficiados.

Especialmente en un contexto donde la competitividad exportadora depende en gran medida en la capacidad de las empresas de incorporar tecnología, eficiencia y mejora productiva. Pero sin olvidar que en paralelo, también empieza a aparecer otro fenómeno: la necesidad de adaptar procesos productivos a nuevas exigencias internacionales vinculadas a trazabilidad, sustentabilidad y eficiencia energética. Y ahí estos incentivos empiezan a tener otra dimensión.

Este último punto se vuelve clave cuando pensamos en el Acuerdo MERCOSUR - UE, y la posibilidad de que las PyME puedan ingresar a un mercado muy exigente en cuanto a sus normas de control.

El beneficio fiscal no será automático

La reglamentación también deja algo muy claro: el acceso a los beneficios estará fuertemente condicionado por el cumplimiento fiscal. ARCA verificará la inexistencia de deuda líquida y exigible antes de habilitar beneficios como amortización acelerada o devolución de créditos fiscales de IVA. Y además habrá auditorías sectoriales de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Agricultura. Si detectan incumplimientos, el esquema prevé desde devolución de beneficios hasta multas e intereses.

En otras palabras: el Gobierno quiere incentivar inversiones, pero con trazabilidad absoluta.

El desafío real es la puesta en marcha

Más allá de la reglamentación técnica, el verdadero desafío del RIMI probablemente empiece recién ahora. Porque buena parte del éxito del régimen no dependerá solamente de los beneficios fiscales, sino de algo mucho más sensible en Argentina: la previsibilidad operativa. Todavía faltan normas sectoriales importantes para definir qué bienes quedarán efectivamente alcanzados en algunas categorías.

Y además queda por ver algo clave: si el esquema realmente logra transformarse en una herramienta ágil para acelerar inversiones o si termina atrapado en la misma lógica burocrática que históricamente complicó muchos programas de promoción. Pero aun así, el RIMI empieza a mostrar algo interesante. El Gobierno parece haber entendido que la discusión sobre inversiones no puede quedar limitada únicamente a los megaproyectos.