Preska obliga a Argentina a entregar el 51 % de YPF: qué alternativas quedan y cómo afecta a la economía

La jueza neoyorquina Loretta Preska ordenó ayer a Argentina transferir su participación mayoritaria en YPF como parte de la ejecución de una condena de US$ 16.100 M. El fallo sacudió los mercados y reabre la pulseada legal por la soberanía estatal.

Martes 1 de julio de 2025, Mg. Yanina S. Lojo

La magistrada del Distrito Sur de Nueva York rechazó los argumentos de inmunidad estatal y consideró que:

“Las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida... El uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en Estados Unidos (…) cumple con este requisito”

Ordenó que Argentina transfiera las acciones Clase D a una cuenta de custodia en BNY Mellon en un plazo de 14 días, y que éstas sean entregadas a los beneficiarios.

“Comity is not a one‑way street”, sentenció Preska, al desestimar que la cortesía internacional deba frenar la ejecución"

¿Por qué se inicia este proceso legal?

En 2012, el Estado argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, expropió el 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de Repsol (España).Para ello sancionó la Ley 26.741, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento energético.

Sin embargo, en el proceso se cometieron una serie de fallas que dieron lugar al reclamo lega. En primer lugar, Argentina no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por las acciones restantes, como exigía el estatuto de YPF. Mientras que Repsol llegó luego a un acuerdo de compensación en 2014, el otro accionista minoritario inició demandas reclamando daños y perjuicios porque Argentina no hizo esa oferta.

¿Cómo llega a manos del Fondo Buford Capital la demanda?

Todo comienza con la familia Eskenazi (Grupo Petersen) que fue socia de Repsol y del Estado argentino en YPF. En 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Enrique Eskenazi y su grupo empresarial compraron un 25,46% de YPF.

La operación fue catalogada como inusual porque el grupo Petersen no puso dinero propio al inicio. Entonces, ¿Cómo se hizo la compra? Se financió tomando préstamos de bancos internacionales y de Repsol. El acuerdo preveía que Petersen pagaría la deuda con dividendos futuros de YPF.

En 2012, cuando Argentina expropió el 51% de YPF, la empresa dejó de pagar dividendos, lo que llevó a que el Grupo Petersen entrará en default porque no podía cubrir los créditos.

En 2012 y 2013, los bancos liquidaron el holding Petersen, que quebró en España. En ese momento, los síndicos concursales vendieron los derechos de litigio contra Argentina: es decir, la posibilidad de demandar por daños derivados de la expropiación sin OPA.

Burford Capital, un fondo especializado en comprar activos judiciales, en 2015 pagó USD 15 millones por los derechos litigiosos del Grupo Petersen. En 2016 adquirió también los derechos de Eton Park, otro fondo que tenía el 3,5% de YPF.

Así, Burford pasó a ser el dueño de la demanda contra la Argentina y YPF. Se estima que invirtieron menos de USD 20 millones, con una condena de USD16.100 millones.

La demanda en Nueva York

Con esos derechos litigiosos, presentó en la corte del Distrito Sur de Nueva York una demanda millonaria por:

• No lanzar la OPA obligatoria del estatuto.

• El daño a los tenedores de acciones.

El juicio quedó a cargo de la jueza Loretta Preska, sucesora del histórico juez Thomas Griesa (quien había tratado los casos de la deuda argentina).

El fallo de fondo

En septiembre de 2023, Preska dictó sentencia contra Argentina. Determinó que nuestro país debía pagar USD 16.100 millones de indemnización. El motivo: violación contractual del estatuto societario de YPF. Además, rechazo del argumento argentino de inmunidad soberana, considerando que el comportamiento fue comercial, no soberano.

Desde entonces, se han presentado numerosos recursos y pidió reducir el monto o anular el fallo, pero la jueza confirmó la condena.

La jueza decide ejecutar la sentencia

Tras la confirmación, los demandantes avanzaron con medidas de cobro forzoso. Entre ellas pidieron desde embargar cuentas en bancos estadounidenses, hasta embargar bienes argentinos en EE.UU, como reclamar la entrega de las acciones Clase D de YPF que Argentina controla.

Preska resolvió que las acciones están sujetas a ejecución porque son un activo comercial que puede transferirse, aun cuando pertenezcan al Estado argentino. Es la primera vez que se ordena la entrega de la mayoría accionaria de una petrolera estatal por incumplir su propio estatuto. Pero más importante, puede sentar precedente sobre activos soberanos usados comercialmente.

¿Qué puede hacer Argentina?

El gobierno argentino ya adelantó que intentará otros recursos para encontrar una solución. Entre las opciones se encuentran:

• Apelar ante la Corte del Segundo Circuito (en Nueva York) y solicitar una suspensión (stay of execution) mientras avanza el recurso.

• Citar el argumento de inmunidad soberana y la falta de garantía o colateral, respaldado por el escrito del Departamento de Justicia de EE.UU. 

• Impulsar medidas legislativas locales: la ley de estatización exige autorización del Congreso para transferir acciones; esta podría servir como base para demorar el proceso.

• Negociar un acuerdo transaccional con los demandantes para evitar la pérdida de control de YPF. Esta es probablemente la opción que se este analizando en este momento.

El impacto en la empresa y en la economía argentina

El impacto fue inmediato en los mercado y golpeo no solo a YPF sino a todas las empresas argentinas. En particular, el ADR de YPF en Wall Street cayó entre un 5,6 % y un 8 %, aunque luego se recuperó un poco, cerrando con baja superior al 5 %. De esta manera, se puede estimar que en términos de capitalización bursátil perdió cerca de USD 600 millones en cuestión de horas.

Merval retrocedió un 2,3 % y otros papeles del sector energético (Metrogas, Transportadora) sufrieron caídas del 4 % al 6 %.

En cuanto a la deuda soberana, los bonos en dólares profundizaron su baja, con pérdidas en la curva soberana y los bonos del Tesoro cerca de dos puntos básicos.

Este ruido, puede generar dificultades a la hora de incentivar a los inversores a avanzar en las negociaciones con la empresa que de un tiempo a esta parte no paraba de cerrar negocios por el enorme potencial que estaba generando Vaca Muerta. Por ejemplo, la incertidumbre generada por el fallo llega justo cuando YPF estaba negociando alianzas con ENI y Southern Energy.

Más allá de la baja puntual de cotización, hay riesgos que pueden erosionar valor en el tiempo y que según algunos analistas tienen que ver con aspectos como:

• Deterioro de financiamiento internacional: bancos y socios potenciales podrían ser más reticentes a firmar contratos mientras dure la disputa.

• Riesgo de gobernanza: si los demandantes efectivamente toman control accionario, podría haber conflictos sobre la gestión.

• Efecto reputacional: el precedente de perder el control societario por incumplir un estatuto eleva el riesgo país corporativo.

En ese contexto, es que algunos analistas privados proyectan que si se confirma la ejecución y la transferencia definitiva, el impacto podría exceder el 10–15 % de capitalización bursátil. Eso sería más de US$1.500 millones de pérdida de valor potencial acumulado.

En este momento, y en función de datos de Yahoo Finance, se podría estimar que la capitalización bursátil de YPF es de USD 12.400 millones.

El fallo que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF tiene un impacto económico profundo: genera una fuerte pérdida de valor bursátil, eleva la prima de riesgo país, encarece el financiamiento y siembra dudas sobre la continuidad de inversiones estratégicas en energía, como Vaca Muerta y proyectos de GNL. Además, expone al país a un riesgo fiscal de US$16.100 millones si no logra frenar la ejecución y deteriora la confianza internacional en su capacidad de cumplir contratos, agravando la incertidumbre financiera.

Esto pone nuevamente en manifiesto la importancia de cumplir con las leyes y los procedimientos. Las normas se hicieron para ser cumplidas, y sin analizar si correspondía o no la expropiación de la empresa, la clave es que debería haberse hecho cumpliendo lo que establecían los estatutos. Ahora, el precio a pagar es muy alto para todos los argentinos.